Para la élite política es claro que “el fin justifica los medios”.
Cuando el fin se refiere a su supervivencia, los medios pueden ser varios,
aunque estos impliquen participar en actos de corrupción, el clientelismo,
otorgar bienes públicos, repartir beneficios privados a los miembros de la
coalición ganadora, implementar malas políticas, conceder beneficios fiscales,
o bien, aprovecharse de las ambigüedades de las leyes electorales o cambiar las
mismas.
Si la esencia del poder es la política detrás de permanecer
en el cargo como señalan Bueno de Mesquita, et. al.1 , entonces
las élites ajustan las instituciones en función de sus intereses. En México
existen casos donde la élite política modificó las instituciones a fin de
sobrevivir. En particular, el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
durante los años en el poder, empleó diversos medios para mantenerse como la
intimidación, la represión, el clientelismo, y durante sus últimos años
(antes de 2000) se apoyó, principalmente, en los cambios institucionales. Si
analizáramos las reformas político-electorales que se dieron entre 1963 y 1997
podríamos encontrar las formas en que el PRI fue negociando con la oposición su
legitimidad democrática y su permanencia en el poder.
En 1985, Octavio Paz escribió el ensayo “El PRI: Hora cumplida”,
donde diagnosticaba la situación del partido hegemónico y opinaba que el
priismo tenía sus horas contadas. Para él, el movimiento del 68 de alguna forma
marcaba el principio del fin, pues existía una fuerte crisis de legitimidad del
partido desde ese entonces. Paz creía que era el momento de la alternancia
partidista, de transitar a la democracia. Sin embargo, se equivocó y el PRI
logró permanecer en el poder quince años más. Entonces, ¿cuáles fueron los
medios que utilizó el PRI para sobrevivir? A diferencia de otras autocracias,
la represión no fue la principal herramienta del partido hegemónico, al
contrario, fue la modificación de las instituciones.
De 1963 a 1997, hubo seis fases importantes de reformas
electorales (vea el cuadro 1). Durante este período, diferentes incentivos
influyeron en la elección de las instituciones de selección
política, de acuerdo con la teoría de Bueno de Mesquita, et. al.
(2005). En cada caso resulta creíble pensar que las decisiones estuvieron
motivadas por el interés de la clase política de legitimarse democráticamente y
permanecer en el poder por más tiempo. No es casualidad que la mayoría de estas
reformas se hayan impulsado después de disputadas elecciones presidenciales o
estatales o crisis políticas o económicas.
Por citar un ejemplo, para las elecciones presidenciales de 1976,
el PRI postuló al único candidato en competir. El Partido Acción Nacional
(PAN), principal opositor, se negó a postular un candidato presidencial en
parte por razones internas y en parte como forma de protesta. De tal forma que
el partido hegemónico se encontró en un dilema entre crear un sistema de dos
partidos y con ello fortalecer a la oposición, o bien, que el PAN se negará a
jugar el juego y por consiguiente, crear una crisis de legitimidad. A raíz de
ello, en 1977 se dio una reforma que de cierto modo estableció un tipo de
compensación (los diputados de partido) para mantener al principal opositor en
el juego electoral.
Ahora bien, siguiendo la teoría de Magaloni2,
un factor clave para la supervivencia en autocracias de partido hegemónico son
los dilemas de coordinación de la oposición. En este sentido, las reglas
electorales jugaron un papel fundamental para fomentar este factor. Es claro
que el PRI se apoyó en cambios recurrentes del sistema electoral para
obstaculizar la coordinación de los partidos de oposición, ya que, mediante
diversas reformas, el partido se favoreció de la distribución del poder,
permitió la entrada a partidos pequeños, con la regla de representación
proporcional, y se sub representó a partidos medianos. En general, debilitó a
la oposición más fuerte y fortaleció a los partidos que no representaban una
amenaza creíble. De esta manera, aumentó su poder como jugador de veto.
El ejemplo más claro, es la reforma que introdujo la cláusula de
gobernabilidad3 (en 1988), que
permitía alcanzar mayoría absoluta al partido que obtuviera una mayoría
relativa de 35% o más de votación, por tanto, aseguraba la mayoría del PRI en
el Congreso, aunado a que sobre representaba a los partidos grandes y pequeños,
mientras que sub representaba a los medianos, principalmente al segundo lugar.
Sin embargo, para lograr la aprobación de esta ley, el partido hegemónico debió
negociar con la oposición real. Un ejemplo de negociación claro fue la reforma
de 1991, donde el quid pro quo fue la transformación del nuevo
Instituto Federal Electoral (IFE) como mecanismo institucional para asegurar
elecciones transparentes.
En este proceso de reformas electorales, el partido hegemónico fue
cediendo espacios y libertades políticas a los partidos de oposición. Así, a lo
largo de este periodo, la reingeniería del sistema electoral en México
estableció las condiciones para que en 2000 el proceso de democratización se
materializará de una forma pacífica. En este contexto, un aspecto clave fue la
negociación de la élite sobre las instituciones políticas. En conclusión, esta
oleada de reformas sugiere que la resistencia del sistema de partido hegemónico
en México fue resultado de un proceso constante de reformas electorales
elaboradas por actores racionales, es decir, de utilizar y modificar las reglas
para sobrevivir.
Cuadro 1. Reformas electorales en México entre 1963 y 1997.
Fuente: Elaboración propia con base en Molinar Horcasitas & Jeffrey A. Weldon. Reforming Electoral Systems in Mexico en Shugart M. and Wattenberg M. P., eds. Mixed-Member Electoral Systems The Best of Both Worlds? Oxford: Oxford University Press. Pp. 209-30. 2003.
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